[[Un video de seguridad, detonaciones y niños huérfanos. La ejecución de una dirigente vecinal en SJM es el reflejo de un sistema de justicia que abandonó a los ciudadanos a su suerte.]]
Uno llega a creer que ya lo ha visto todo en este país, que nuestra capacidad de asombro se ha desgastado irremediablemente de tanto convivir con la tragedia diaria, hasta que te cruzas con un registro en redes sociales que te hiela la sangre y te recuerda que el pozo de nuestra miseria institucional no tiene fondo. Confieso que existe un límite para el horror que la mente humana puede procesar a través de una pantalla, y el mío se quebró por completo al darle play a esa maldita grabación de una cámara de seguridad en San Juan de Miraflores. La imagen inicial parece la de cualquier calle limeña, monótona y quieta; pero la verdadera masacre ocurre justo fuera del ángulo de visión de la lente, en ese punto ciego donde la víctima no se ve, pero donde el sonido te taladra directamente los huesos. A través del audio frío y distorsionado se escuchan las detonaciones secas, implacables, y una fracción de segundo después, el eco de unos gritos desgarradores de unos niños que están viendo cómo le arrancan la vida a su madre a centímetros de distancia. Y justo cuando el silencio de la muerte intenta imponerse sobre los llantos, el lente finalmente capta a los asesinos cruzando el encuadre, huyendo en una motocicleta con la tranquilidad absoluta de quien sabe que, en el Perú de hoy, matar sale completamente gratis.
Esa mujer que se desangraba sobre el asfalto, fuera de cuadro pero en el centro exacto de la brutalidad de nuestra época, no era un simple número para engrosar las maquilladas estadísticas oficiales. Era Betsy Mallma, la presidenta de una olla común; una líder vecinal que se levantaba de madrugada para garantizar que sus vecinos no murieran de hambre en medio del abandono total del Estado. La indignación te quema la garganta al darte cuenta de que hemos cruzado una línea sin retorno, donde asesinar a balazos a una madre frente a sus propios hijos a plena luz del día se ha convertido en un contenido más, un video que consumimos entre lamentaciones pasajeras antes de seguir deslizando el dedo por la pantalla. Qué clase de sociedad enferma y resignada somos para permitir que las personas que sostienen con sus manos el frágil tejido social de los barrios más vulnerables sean cazadas a la vista de todos. A Betsy no la mató únicamente el sicario que apretó el gatillo en ese rincón ciego de la calle. A ella la asesinó un Estado indolente y cómplice; la masacró un ecosistema de autoridades que abandonan los distritos a merced de las mafias porque están demasiado ocupados protegiendo sus cuotas de poder o negociando la ley por debajo de la mesa.
Y lo más repugnante es que, siguiendo un guion macabro y repetido, ahora saldrán los funcionarios de siempre con sus rostros circunspectos frente a los micrófonos a pedir calma y prometer investigaciones exhaustivas que todos sabemos en qué van a terminar. Esa carpeta terminará arrumbada en el escritorio de algún fiscal negligente que, dentro de unos meses, archivará el caso por supuesta falta de pruebas, o en el despacho de un juez que devolverá a los criminales a las calles argumentando tecnicismos procesales baratos. Mientras nosotros seguimos tragándonos esta bilis, con el llanto de esos niños huérfanos retumbando en la cabeza como una sentencia imborrable, los operadores de justicia que permiten que estos monstruos gobiernen nuestras calles dormirán tranquilos. Tienen la certeza absoluta de que su ineptitud funcional jamás les costará el cargo, ni el patrimonio, ni la libertad. No podemos seguir aceptando que la masacre de peruanos inocentes sea el impuesto oculto por vivir en este país. Si dejamos que el asesinato de Betsy sea una anécdota más en el infinito historial de la impunidad nacional, estaremos aceptando tácitamente que los próximos en caer frente a las motos de los sicarios seremos nosotros. Ya es hora de que el miedo cambie de bando.